Director, Centro de Derechos Humanos UDP
Publicada en diario La Tercera, el 13 de agosto de 2009.
Chile nuevamente rinde examen en Ginebra. En mayo pasado, el país respondió preguntas del Comité contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta vez la materia por la cual el país es auscultado es la discriminación racial. Y lo cierto es que, por lo invisible que puede resultar para muchos este tema, su abordaje es perentorio.
El Comité contra la Discriminación Racial evalúa el comportamiento de los Estados que, como Chile, han suscrito el tratado internacional en esta materia y se han obligado libre y soberanamente a cumplir con sus mandatos. El principal de éstos consiste en prevenir y erradicar la discriminación por motivos raciales. En Chile, dos son los grupos que llaman particularmente la atención del Comité: pueblos indígenas e inmigrantes.
Respecto de los primeros, ya es un lugar común señalar que se trata de un grupo que ha sufrido discriminación tanto por parte del Estado - el que desde el inicio de la República intentó asimilarlos a la comunidad nacional que por entonces se formaba – así como por el resto de la sociedad chilena. Buena parte de los problemas que hoy caen bajo la infeliz chapa del “conflicto mapuche” encuentran su origen en la falta de la debida diligencia que el Estado ha mostrado para atender las demandas de los pueblos indígenas; en particular, del pueblo mapuche. Con la ratificación del Convenio 169 de la OIT se abren oportunidades para el diálogo si es que las partes actúan de buena fe y se toman en serio los derechos allí establecidos.
Pero más allá de lo que ocurra en Ginebra durante estos días, lo cierto es que la discriminación racial en Chile solo será erradicada si nosotros, como comunidad política, entendemos que la relación con quienes veneran dioses diferentes y cuyos gustos no encajan con el modelo euro céntrico, hablan idiomas foráneos y aun así desean participar de la vida nacional, ha de fundarse en normas de respeto e inclusión. Nuestra riqueza no está, como se pensó por mucho tiempo, en la homogeneidad, sino en la valoración de la diferencia.
Las situaciones de discriminación que afectan a los pueblos indígenas son variadas e involucran desde displicencia social –como se advierte en un video que circuló por Internet y que mostraba a la guardia de Carabineros en La Moneda obligando a una persona indígena a retirarse del lugar, autorizando sin embargo a un turista a quedarse — hasta mayores niveles de violencia policial en situaciones de conflicto. Del mismo modo, el Comité contra la Discriminación Racial tomará nota de situaciones de discriminación indirecta, pero no por ellos menos graves, como son la instalación de vertederos en zonas predominantemente indígenas y la afectación a la vida de comunidades indígenas por el establecimiento de industrias extractivas sin los debidos resguardos ambientales.
Debido a la estabilidad económica y social que el país experimenta, Chile se ha transformado crecientemente en un país receptor de trabajadores inmigrantes. Ello nos impone obligaciones que, dada la precaria institucionalidad con la que contamos, difícilmente podemos cumplir. En este sentido, se hace necesario proteger a las personas con visa sujeta a contrato de trabajo; fiscalizar que los empleadores que vulneren la normativa laboral sean sancionados; asegurar la protección social a estas personas y, en general, establecer sistemas de capacitación a funcionarios estatales. Se trata, como se advierte, de hacerse cargo de cuestiones institucionales básicas.
El Comité contra la Discriminación Racial evalúa el comportamiento de los Estados que, como Chile, han suscrito el tratado internacional en esta materia y se han obligado libre y soberanamente a cumplir con sus mandatos. El principal de éstos consiste en prevenir y erradicar la discriminación por motivos raciales. En Chile, dos son los grupos que llaman particularmente la atención del Comité: pueblos indígenas e inmigrantes.
Respecto de los primeros, ya es un lugar común señalar que se trata de un grupo que ha sufrido discriminación tanto por parte del Estado - el que desde el inicio de la República intentó asimilarlos a la comunidad nacional que por entonces se formaba – así como por el resto de la sociedad chilena. Buena parte de los problemas que hoy caen bajo la infeliz chapa del “conflicto mapuche” encuentran su origen en la falta de la debida diligencia que el Estado ha mostrado para atender las demandas de los pueblos indígenas; en particular, del pueblo mapuche. Con la ratificación del Convenio 169 de la OIT se abren oportunidades para el diálogo si es que las partes actúan de buena fe y se toman en serio los derechos allí establecidos.
Pero más allá de lo que ocurra en Ginebra durante estos días, lo cierto es que la discriminación racial en Chile solo será erradicada si nosotros, como comunidad política, entendemos que la relación con quienes veneran dioses diferentes y cuyos gustos no encajan con el modelo euro céntrico, hablan idiomas foráneos y aun así desean participar de la vida nacional, ha de fundarse en normas de respeto e inclusión. Nuestra riqueza no está, como se pensó por mucho tiempo, en la homogeneidad, sino en la valoración de la diferencia.
Las situaciones de discriminación que afectan a los pueblos indígenas son variadas e involucran desde displicencia social –como se advierte en un video que circuló por Internet y que mostraba a la guardia de Carabineros en La Moneda obligando a una persona indígena a retirarse del lugar, autorizando sin embargo a un turista a quedarse — hasta mayores niveles de violencia policial en situaciones de conflicto. Del mismo modo, el Comité contra la Discriminación Racial tomará nota de situaciones de discriminación indirecta, pero no por ellos menos graves, como son la instalación de vertederos en zonas predominantemente indígenas y la afectación a la vida de comunidades indígenas por el establecimiento de industrias extractivas sin los debidos resguardos ambientales.
Debido a la estabilidad económica y social que el país experimenta, Chile se ha transformado crecientemente en un país receptor de trabajadores inmigrantes. Ello nos impone obligaciones que, dada la precaria institucionalidad con la que contamos, difícilmente podemos cumplir. En este sentido, se hace necesario proteger a las personas con visa sujeta a contrato de trabajo; fiscalizar que los empleadores que vulneren la normativa laboral sean sancionados; asegurar la protección social a estas personas y, en general, establecer sistemas de capacitación a funcionarios estatales. Se trata, como se advierte, de hacerse cargo de cuestiones institucionales básicas.
